Santiago Ibarra Ángel Maximiliano | JURISTA Universidad de Guanajuato
SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
II. DESARROLLO
2.1 Definición de tráfico de drogas
2.2 Marco jurídico: Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales
2.3 Dicotomía Tráfico de drogas y Economía
2.4 Tráfico de drogas en México
2.4.1 Problemática general en México
2.4.2 Política de drogas en México y Guerra contra el narcotráfico: Una mirada desde la Sociedad Civil
2.4.3 Situación de personas involucradas con delitos de tráfico de drogas
2.4.4 2.4.4 Política de drogas en México y Guerra contra el narcotráfico: Tema prioritario del Estado mexicano
2.5 Derecho a la salud pública como bien jurídico tutelado
2.6 Proyecto Justicia Restaurativa “3R´S por la justicia juvenil: Responsabilidad, Restauración y Reintegración”.
2.7 Recomendaciones al Estado mexicano por parte de la Sociedad Civil. III. CONCLUSIONES
IV. BIBLIOGRAFIA E INTERNETGRAFIA CONSULTADA
INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
No existe ninguna ley en México… A lo largo de mi carrera, he escuchado ésta y muchas otras opiniones sobre la concepción del Estado de Derecho en México, pero sigo creyendo que podemos cambiar las cosas en nuestro país. Como estudiante de la Licenciatura en Derecho, estoy firmemente convencido de que no podemos cerrarnos a la idea de aprender de otros y que debemos actuar siempre con honestidad en todo lo que hagamos.
La delincuencia organizada y el tráfico de drogas están presentes en todos los países, incluido México, viéndose afectados por las consecuencias sociales negativas del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas: los efectos negativos en la salud; el aumento de la delincuencia; la violencia y la corrupción; la absorción de recursos humanos, naturales y financieros; la descomposición del tejido social y el debilitamiento de las estructuras políticas, sociales y culturales.
En los últimos 50 años la mayoría de los países americanos han implementado políticas de combate frontal a las drogas, aumentando penas para quienes producen, distribuyen y consumen drogas ilícitas, se han asignado mayores recursos económicos a policías y ejércitos, se han aprobado numerosas reformas normativas para controlar actividades relacionadas con el narcotráfico como el lavado de activos.
Sin embargo, el último informe 2015 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,[1] afirma categóricamente que el consumo de drogas ilícitas no ha reducido, las redes criminales se han fortalecido y se han incrementado los niveles de violencia en aquellos estados donde existe una mayor presencia del narcotráfico. A su vez, las instituciones estatales se muestran débiles e ineficientes para afrontar esta temática.
El Estado mexicano asume la problemática en torno al tráfico de drogas como un tema prioritario para la Seguridad Nacional y ciudadana. Atender el problema de narcotráfico y delincuencia organizada requiere de atención integral. En este sentido, el Estado mexicano ha dispuesto acciones orientadas al diseño y ejecución de una política pública acorde con los objetivos contenidos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ)[2], así como en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP)[3] y Programas establecidos para alcanzar la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)[4].
Para introducir al tema, vale la pena recordar algunos antecedentes sobre el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de México en el marco del problema, el cual es particularmente complejo.
Primeramente, a nivel nacional, el fenómeno de tráfico de drogas o narcotráfico como comúnmente se le llama, tiene su origen en Sinaloa, con el cultivo de amapola, que en la década de los años 40 se intensificó en la región noreste del país con motivo de la Segunda Guerra Mundial, para abastecer heroína a Estados Unidos, lo que era permitido por autoridades federales que fijaban un tributo a campesinos productores.[5]
Como segundo, a nivel internacional, México comparte frontera con Estados Unidos, que gasta alrededor de 130 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas.[6] Con dichos recursos, el crimen organizado transnacional, ha aumentado sus redes de violencia y corrupción. El mercado de las drogas ilícitas se alimenta del acceso a armas provenientes principalmente del país vecino del norte, que da una enorme capacidad de violencia a los grupos criminales.
Además, es de especial relevancia evocar que hace dos décadas, desde el año 1985, fue Estados Unidos quien desvió el narcotráfico hacia México, con lo que se fortaleció el tráfico de drogas transnacional que opera entre ambos países. No es posible soslayar lo que sucede en Estados Unidos con relación a México en materia de narcotráfico, desde luego porque es un problema bilateral y requiere de la cooperación internacional para ser combatido.
Los problemas relacionados con el consumo de drogas en un país, se encuentran estrechamente ligados al contexto cultural, social, político y económico, a la disponibilidad de las drogas para consumirlas, a su presentación y concentración, así como a la frecuencia de uso y modo de vida asociado. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU),[7] 250 millones de personas en el mundo consumen drogas, lo que no implica la dependencia de todos ellos. Éstos y muchos otros, son datos que evidencian la presencia del consumo de drogas y del negocio del narcotráfico en todo el mundo.
Consecuentemente, la solución implementada por la mayor parte de los gobiernos ha sido la represión y el castigo ante el tráfico de estas sustancias. La represión como medida para enfrentar el narcotráfico ha abierto un debate en torno a un cambio de estrategia o nuevas alternativas que reduzcan sus prejuicios.
En octubre del 2015, en el marco del 156° Periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a solicitud de 19 organizaciones de diversos países de América, se realizó una audiencia temática regional denominada “Derechos humanos y política de drogas en México”. Cabe hacer mención que el presente documento toma como punto de partida el diagnóstico presentado en esa oportunidad por esas organizaciones.
En este sentido, las que siguen son, más que consideraciones acabadas o definitivas, intentos de reflexiones que se hacen en voz alta en torno al gran tema que ahora atañe: La respuesta del Estado, la delincuencia organizada, el narcotráfico, pues, en un Estado social y Democrático de Derecho, coherente con sus principios garantistas y de derechos humanos, todos debemos ser partícipes en la solución de esta clase de conflictos para crear un verdadero espacio de convivencia social.
DESARROLLO
2.1 Definición de tráfico de drogas
Tráfico de drogas, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, o incluso humano (a través de mulas), y en congruencia con la doctrina y la jurisprudencia, se puede definir como “La traslación de la droga a una o varias personas, a título gratuito u oneroso, con la finalidad de traspasar el dominio o la posesión a un tercero.[8] Si entendemos el tráfico de esta forma, como traslación de droga a otra persona, tendremos que comprender dentro de este concepto a todos aquellos actos que, a título oneroso o gratuito, trasladen el dominio o la posesión a un tercero.
Atendiendo a lo anterior, difícilmente en un acto de cultivo o elaboración se podrá trasladar a un tercero. Entendemos, por tanto, que la elaboración y el cultivo son actos de favorecimiento o facilitación a que posteriormente se consuma droga, pero que en ningún caso se pueden considerar tráfico. Tráfico sería, en este supuesto, en el momento en que se vendiera la droga cultivada o elaborada, pero nunca el acto en sí de elaborar o cultivar.
2.2 Marco jurídico: Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales
En cuanto al derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas extiende el régimen de control de los precursores y se centra en el establecimiento de medidas para combatir el tráfico ilícito de drogas y blanqueo de dinero relacionado, como también el fortalecimiento del marco de la cooperación internacional en materia penal, incluyendo la extradición y la asistencia judicial recíproca.
Además el Convenio de Ginebra, la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas (CIFTA) en el año 1998, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Armas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra el Comercio de armas, constituyen el andamiaje jurídico internacional en materia de drogas.
En cuanto al derecho interno o nacional, México cuenta con la Ley Federal de Delincuencia Organizada (LFDO) y Ley General de salud, ambos ordenamientos que establecen pautas en materia de seguridad y salud pública,
2.3 Dicotomía Tráfico de drogas y Economía
La relación entre el desarrollo, el Estado de Derecho y la seguridad necesita ser totalmente comprendida. Las drogas y el delito son también problemáticas vinculadas con la gobernabilidad de un país.
En palabras de Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, se puede visibilizar la relación entre economía y delincuencia organizada, que a la letra dice: “En la economía, la delincuencia organizada invade dos espacios: el de las empresas que producen bienes tangibles y el de los mercados financieros”. México ha progresado lentamente cumpliendo con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional,[9] pero en la economía real, que alcanza al otro 60 por ciento de las transacciones criminales, hay un vacío de Estado”.
Un vacío de Estado mayoritariamente causado porque la Auditoria Superior de la Federación (ASF) cuenta con atribuciones muy acotadas para analizar la deuda pública, lo que impide que se establezca con claridad quiénes, cómo, cuándo y dónde se adquirieron los bonos de deuda del gobierno (deuda pública). Además, México ha fallado en el establecimiento de mecanismos de auditoría ciudadana, es decir, que un solo ciudadano, y no un grupo de personas de la sociedad civil, puedan en cualquier momento, establecer a través de información pública el origen y la ruta del dinero tanto de los gobiernos de cualquier nivel como del de servidores públicos.
Sobre este punto México podría voltear a ver lo que sucede en casos como Brasil, en ciudades como Porto Alegre, donde la Asamblea Ciudadana es la encargada de auditar el presupuesto público, otorgando una mayor participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
2.4 Tráfico de drogas en México
2.4.1 Problemática general en México
- 60000 personas murieron durante el periodo 2006-2011 a causa de la guerra contra el narcotráfico.
- 90% de la cocaína que ingresa a los EU pasa por México.
- Desde los años 80 se producen, transportan, distribuyen y comercializan grandes drogas como la cannabis, cocaína, etc.
- A lo largo de los años se han generado al menos 10 cárteles de delincuencia organizada que dominan la costa del pacifico, la costa del atlántico, así como el occidente del país.
- La población civil se ha convertido en el principal grupo vulnerado por estos grupos delictivos.
- Se cometen crímenes de guerra y lesa humanidad, en virtud de que funcionarios del Estado, torturan y privan de la libertad a personas civiles.
- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con más de 4000 denuncias atribuibles a las fuerzas armadas.
- En más de 26000 desapariciones forzadas han participado servidores públicos de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal o municipal).
2.4.2 Política de drogas en México y Guerra contra el narcotráfico: Una mirada desde la Sociedad Civil
La implementación de la estrategia de seguridad de México en 2006 a la fecha, que interrumpió el suministro de cocaína desde el sur hacia el norte, desató una disputa por las nuevas plazas ubicadas en puntos clave de cruce de las fronteras, particularmente a lo largo de la frontera entre Guatemala y Honduras.
- La política de drogas en México es prohibicionista y punitiva en toda fase de control (producción, transporte, distribución, comercialización y consumo). Dicha Política criminal punitiva es caracterizada por el abuso de la pena de prisión en delitos contra la salud, generando un aumento de la población penitenciaria y penas desproporcionadas.
- Las políticas públicas en materia de drogas ilegales se pueden constituir en dos vertientes:
a) Países apuestan por acciones de prevención y control.
b) Países apuestan por la salud pública con énfasis en el tratamiento y rehabilitación de las personas.
- En dichas políticas se utilizan recursos públicos y privados. Las víctimas son consideradas como parte de la sociedad civil ya que no son combatientes, desde luego porque no hay conflicto armado.
- La ausencia de investigaciones y la falta de políticas efectivas para prevenir la comisión de delitos relacionados al fenómeno de drogas, se traduce como omisiones deliberadas del Aparato Oficial.
- Amplio consenso de la participación de autoridades de los 3 niveles de gobierno, en particular de la policía y el ejército, ya sea actuando de manera independiente o en coalición con grupos criminales, en los crímenes de desaparición forzada, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
- Actitud del Estado frente a estos problemas es traducida en inacción y negación, ya que no parece tomar en cuenta la gravedad de esta situación y se demuestra una ausencia de voluntad política para combatir dicha problemática.
2.4.3 Situación de personas involucradas con delitos de tráfico de drogas
A. Mujeres en las cárceles
- 50 de % mujeres acusadas por delitos de fuero federal, cumplen con condena de 10 años o más.
- 98% mujeres sin antecedentes penales, responsables de delitos no violentos.
- Hacinamiento en los centros penitenciarios: de 2006 a 2015 se han aumentado 38167 espacios.
- En México de los 388 centros de reclusión sólo existen 15 exclusivos para mujeres, de los cuales ocho tienen sobrepoblación.
- Del total de las mujeres privadas de libertad en todo el país el 53.08 % se encuentran en prisión preventiva, fenómeno que se presenta en 25 de 32 entidades federativas.
- El 79.54 % de mujeres recluidas no cuentan con una sentencia definitiva.
- Las mujeres suelen ser mulas (transportan la droga).
B. Niñas, niños y adolescentes
- Las niñas, niños y jóvenes se encuentran en un panorama de marginación escolar y laboral.
- 58 % de estas personas no tienen acceso a la formación secundaria.
- 7.1% se encuentra en desocupación laboral.
- 61 % se encuentra en ocupación informal.
- Narcotráfico y delincuencia organizada se constituyen como única salida y oportunidad de movilidad social donde los niños, niñas y adolescentes se puedan afiliar con facilidad a las listas de los grupos delincuenciales.
Conclusión: Se concluye que la Política de Estado (política de drogas) que desarrolla el gobierno mexicano propicia la comisión de delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etc.
2.4.4 Política de drogas en México y Guerra contra el narcotráfico: Tema prioritario del Estado mexicano.
La política de drogas de México es integral, que observa los principios de responsabilidad común y compartida y de equilibrio de las medidas para reducir la oferta y la demanda, además busca privilegiar los derechos humanos desde un enfoque preventivo y de salud pública, que va mucho más allá que la persecución de delitos.
El Estado mexicano asume dicha problemática como un tema prioritario bajo lo siguiente rubros:
1) Número de denuncias recibidas y quejas por tortura:
- En el periodo 2005-2015 éstas representaron solo el 2 % de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2) En política pública para atender la tortura se han realizado diversas acciones para combatir dicha práctica tales como:
- Se reformó el artículo 75 constitucional para facultar al Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada.
- Se aprobó el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura.
- Se ajustó el Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes de la Procuraduría General de la República (PGR).
3) En política pública para atender la desaparición forzada de personas el Estado mexicano ha dispuesto acciones orientadas a:
- Construir un dispositivo de búsqueda urgente de personas desaparecidas.
- Creación de un Protocolo Nacional de búsqueda de personas.
- Proceso de consulta ciudadana sobre la Ley General de Búsqueda de personas desaparecidas.
4) Medidas para proteger ciertos grupos que requieren protección especial por motivo de sus actividades profesionales, como:
- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Libertad de Expresión, vigente desde el año de 2012, que tiene como finalidad generar una respuesta ágil a los periodistas en el país.
- Mecanismo de protección para personas defensores de derechos humanos y periodistas, a través del cual han sido beneficiados 464 personas.
5) En México no existe una política de combate o confrontación, sino una política integral para hacer frente al problema mundial de las drogas, resultando:
- Se realizan importantes esfuerzos para la destrucción de plantíos de enervantes. Fueron asegurados 2 mil 529.1 kilogramos de cocaína; 7.5 kilogramos de heroína; 178.1 kilogramos de marihuana; 6 mil 552.7 kilogramos de metanfetamina.
- Fuerzas armadas participan en la atención del fenómeno como auxiliares de autoridades civiles y se sujetan a las leyes civiles, bajo una línea de acción con una mejora en la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal.
6) La política de drogas en México tiene su base en el cumplimiento de los compromisos internacionales de fiscalización de drogas así como de documentos aprobados por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, como son:
- Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas (CIFTA) en el año 1998.
- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Armas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Convención contra el comercio de armas.
7) El gobierno de México ha establecido que la farmacodependencia es una condición médica que puede ser prevenida y/o atendida.
- Acceso no discriminatorio a programas de identificación, tratamiento, educación, rehabilitación por consumo de drogas.
- Medidas para agilizar el acceso de miles de pacientes a medicamentos controlados para cuidados paliativos.
- Firma del Esfuerzo nacional frente a las adicciones, mediante el cual la SEDENA, SEMAR, SALUD trabajaran conjuntamente para la prevención de consumo de drogas de alcance nacional.
8) Reforma de justicia penal de 2008, la cual obliga a todas la entidades federativas a transitar a más tardar en junio de 2016, hacia un modelo de justicia penal acusatorio. Se han impulsado:
- Modelos de justicia alternativa como respuesta al delito.
- Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en México.
Conclusión: el Estado Mexicano se encuentra permanente abierto al dialogo plural y reconoce los desafíos del fenómeno de las drogas para así poder dar respuestas internacionales más eficaces, más justas y más humanas a este gran problema que atañe al país.
2.5 Derecho a la salud pública como bien jurídico tutelado
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos por antonomasia. Es así que el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional garantiza para todo mexicano el derecho a la protección de la salud. Al ser un derecho social, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, está obligado a tutelar y salvaguardar el bien jurídico protegido por la constitución, es decir, la salud.
El consumo de drogas no está penalizado en México. La Ley General de Salud establece dosis máximas de posesión para consumo personal e inmediato. La prevención y atención de las adicciones deben de constituir el programa rector de las autoridades nacionales en materia de salud, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.
El gobierno de México ha asumido que la farmacodependencia es una condición médica que puede ser prevenida y atendida, cuya recuperación es factible. Por ello, el gobierno federal impulsa el acceso no discriminatorio a programas de identificación, tratamiento, educación, post-tratamiento, rehabilitación social y de integración para personas afectadas por el uso de las drogas.
Derivado de lo anterior, en atención al dinamismo del derecho y al principio de realización progresiva, deben de adoptarse medidas efectivas deliberadas y concretas donde se tengan en cuenta las preocupaciones de la población en materia de seguridad y salud, especialmente en tratándose de jóvenes y adolescentes, razón por la cual considero idóneo la implementación de programas, por un lado, con enfoque preventivo como lo es el Programa Nacional para la prevención social de la violencia y el delito; por el otro, programas de justicia alternativa dirigidos a personas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que cometieron un delito, como lo son los tribunales para el tratamiento de adicciones en México.
2.6 Proyecto Justicia Restaurativa “3R´S por la justicia juvenil: Responsabilidad, Restauración y Reintegración”.
Teniendo como guía distintas iniciativas que han sido desarrolladas en países como Panamá, Brasil, Inglaterra, e implementadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un esfuerzo por crear una red regional de tratamiento, rehabilitación y reinserción social que facilite la mejora de las modalidades de atención integral juvenil a través de los diferentes servicios disponibles para las personas que consumen drogas, se ha puesto en marcha el proyecto “3 R´s por la Justicia juvenil: Responsabilidad, Restauración y Reintegración”.[10]
Dicho proyecto implementado por jóvenes para jóvenes, tiene como principal finalidad la reinserción de jóvenes internos de 12 a 18 años de edad no cumplidos, que se han visto involucrados en el sistema de justicia para adolescentes, con medidas alternas a la privación de la libertad, tanto en el ámbito familiar, educativo, social y cultural, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: psicoterapias, talleres de desarrollo humano, capacitación laboral, acondicionamiento físico y deportivo, teatro, música, pintura, baile, servicio comunitario, etc.
Con dicho proyecto se pretende generar una rehabilitación y reinserción social integral juvenil, reflejada en beneficios de tipo educativo, social y familiar, a los mismos delincuentes juveniles y a la comunidad en general.
2.7 Recomendaciones al Estado mexicano por parte de la Sociedad Civil:
- Reconocer públicamente la gravedad de la situación de derechos humanos que se encuentra la población.
- Responsabilidad del Estado por la participación de algunos de sus agentes en crímenes de tortura, ejecuciones y desaparición forzada.
- Calificación para alguno de estos crímenes como crímenes de lesa humanidad.
- Abandonar la práctica de la tortura, depurar la fuerza pública de sus agentes coludido con la delincuencia organizada.
- Promover política de investigación y persecución de la PGR que tengan como objetivo desmantelar las estructuras de organizaciones criminales.
- Considerar la posibilidad de solicitar que la fiscalía de la corte penal internacional abra una investigación sobre la situación mexicana.
- Desarrollar alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.
- Desarrollar políticas de salud con una perspectiva de derechos humanos destinadas a los usuarios de drogas que las necesitan.
- Aplicación efectiva de las reglas de Bangkok.
CONCLUSIONES
Como autor del presente documento, comparto la idea plasmada por Pablo Vannucci, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual considera que la guerra contra el narcotráfico ha terminado. Las drogas vencieron, pero ahora la tarea es adoptar un nuevo paradigma que no es de guerra, sino de paz, paz a partir de las personas, girando en torno al pleno bienestar del individuo y a su desarrollo, desde la juventud, los niños y hasta los adultos, enfocado a la prevención en escuelas y la atención de adicciones.
Una política pública que cambie de paradigma es un tema crucial y necesario. Las legislaciones penales de buena parte de los países de América Latina castigan en forma desproporcionada las conductas relacionadas con drogas de uso ilícito. Pese a lo anterior, cada vez más son los países que han puesto en debate el modelo prohibicionista. Prueba de ello es la implementación de políticas de drogas con una tendencia internacional que en la actualidad cuenta con al menos 18 entidades y 2 de manera recreativa en que se ha legalizado las drogas, en especial la marihuana, para fines recreativos y medicinales.
El narcotráfico no es algo novedoso, es un problema latente y lo seguirá estando, sin embargo hoy más que nunca, la prevención del consumo es y debe ser el elemento que puede impulsar mejores resultados en la estrategia frente a las drogas. La prevención entre niños, jóvenes y las personas más vulnerables es una obligación de todos los sectores de la sociedad.
Las naciones tienen que estar permanentemente abiertas al dialogo plural y reconocer ante todo los desafíos y nuevas realidades del fenómeno de las drogas. La comunidad internacional deberá reflejar la voluntad colectiva de romper la inercia, desarrollando políticas que pongan en el centro de su atención el bienestar y la dignidad de las personas.
El desafío es combatir la impunidad y la corrupción, desde abajo hasta arriba, haciendo cada quien lo que nos corresponde hacer, siempre de manera correcta, mientras que a la par se construya un efectivo Estado de Derecho con estricto apego a derechos humanos, capacidad policial y justicia penal eficaz.
BIBLIOGRAFIA E INTERNETGRAFIA CONSULTADA
José Luis caballero, “Las cifras económicas del narco”, El Economista, 2015, [En línea] Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/14/las-cifras-economicas-narco
Informe mundial sobre las drogas 2015, UNODC, [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf
Informe “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI”, 2012, [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf.
Informe “Producción, trafico, y consumo de drogas en América Latina”, Comisión de asuntos económicos para América Latina de las Naciones Unidas, 2000, [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5974/S0000001_es.pdf?sequence=1
Informe “El impacto de las políticas de drogas en derechos humanos, la experiencia del continente americano” Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS, 2015, [En línea] Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.cels.org.ar/common/Drogas_web_hojas.simples.pdf
Informe “informe europeo sobre drogas 2015, tendencias y novedades” Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), 2015, [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015.
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ), [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326462&fecha=16/12/2013
Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP ), [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), [En línea], Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
SEQUEROS SAZATORNIL, F., «Las drogas tóxicas II. Configuración actual de su tratamiento legal y otras consideraciones», en Actualidad Penal,
Tercer Informe de labores 2014-2015 de la Procuraduría General de la República, [En línea] Recuperado el 20 de noviembre de http://www.pgr.gob.mx/informesinstitucionales/Documents/INFORME%20DE%20LABORES/2015.pdf
VALDES GUILLERMO, “Historia del narcotráfico en México: apuntes para entender al crimen organizado y la violencia”, Ed. Aguilar, México, 2013.
[1]Informe mundial sobre las drogas 2015, Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf
[2] Publicado en el Diario Oficial de Federación el 16 de diciembre de 2013, recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326462&fecha=16/12/2013
[3] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014
[4] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
[5] VALDES, Guillermo, “Historia del narcotráfico en México: apuntes para entender al crimen organizado y la violencia”, Ed. Aguilar, México, 2013.
[6] José Luis caballero, “Las cifras económicas del narco”, El Economista, 2015, Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/14/las-cifras-economicas-narco
[7] Informe mundial sobre las drogas 2015, Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf
[8] SEQUEROS SAZATORNIL, F., «Las drogas tóxicas II. Configuración actual de su tratamiento legal y otras consideraciones», en Actualidad Penal, España, 2013.
[9] “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI”, 2012, Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf.
[10] Proyecto desarrollado por el autor del documento, localmente aplicable para el estado de Guanajuato. Véase más sobre justicia restaurativa en https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf.